Interesante a la par que triste todo lo que rodea a la investigación en España. Amaya Moro-Martín en la revista Nature establece una serie de puntos que son, no solamente recomendables de leer, sino de obligada atención y dedicatoria. Gracias al blog La Ciencia y sus Demonios por la traducción:
España ya no tiene Ministerio de Ciencia. En los últimos días del 2011 el nuevo gobierno transfirió esta competencia al Ministerio de Economía y Competitividad, un departamento que no parece el más adecuado para esta labor. Ciencia ha sufrido recortes de presupuestos de 1.03 millones de euros (1.438 millones de dólares). Ese es un alarmante indicio de los sacrificios que este nuevo gobierno exige a la ciencia para los próximos presupuestos que verán la luz en marzo del 2012. Esta es la primera vez que las palabras “ciencia” e “investigación” desaparecen del organigrama de cualquier departamento gubernamental. No es sólo un acto simbólico, es un signo deliberado del papel que algunos quieren que juegue la ciencia. La línea oficial está clara: la ciencia no es una prioridad para España. Por supuesto, en estos momentos estamos inmersos en una profunda crisis económica y se necesitan medidas de austeridad y ahorro. Sin embargo, medidas irracionales y draconianas, como las que ha tomado respecto a la ciencia, producirán un daño muy serio sobre las infraestructuras científicas y envía un mensaje contradictorio a países que podrían ser potenciales inversores. El resultado final puede ser una economía centrada en conocimientos tomados prestados del exterior en lugar de estar basada en aquellos resultados producidos en nuestro país.
Los problemas no solamente proceden del presente gobierno, la anterior administración intentó aprobar una ley kafkiana en la que las universidades públicas crearan un sistema de evaluación de méritos que disminuía la importancia de la investigación y la transferencia tecnológica. En esa misma ley se intentaba establecer que los sindicatos podrían negociar los criterios para la elección del profesorado, para que las carreras académicas fueran más “predecibles e igualitarias”. Eso hubiese significado el fin de la meritocracia. Además, el incremento de burocracia que se quería poner en marcha pondría en jaque a cualquier administración universitaria. El anterior gobierno también se negó a establecer un auténtico sistema “tenure-track” en los centros de investigación y las universidades públicas, afirmando que ese sistema sería inconstitucional al quebrar el principio de “igualdad” requerido en los concursos de acceso a plazas fijas. Esa es la consecuencia de la estrechez de miras de los investigadores de centros públicos de España, donde todos ellos son funcionarios, lo que es tremendamente inapropiado para las tareas de la investigación. Al gobierno le gusta afirmar que posee un sistema equivalente al “tenure-track”: el programa Ramón y Cajal. Iniciado en el año 2001, es el único programa que atrae a científicos de alto nivel que trabajan en España y en el extranjero.
Sin embargo, los recortes drásticos en la contratación de los últimos tres años, así como la anunciada congelación en la contratación para este año, rompen por completo con ese modelo de “tenure-track”. Las perspectivas son tan desalentadoras que algunos de mis colegas españoles que están en la actualidad trabajando en Estados Unidos han renunciado a solicitar plazas dentro del programa Ramón y Cajal. La falta de contratación de científicos es suicida. Los científicos que se jubilan no son sustituidos. A diferencia con lo que ocurre en otros países del entorno europeo, España apenas posee un tejido industrial capaz de absorber los investigadores altamente cualificados que se están formando, por lo que muchos de ellos no tendrán otra opción que marchar al extranjero a continuar su carrera. Este país sufrirá por tanto, una sequía de cerebros generacional que se traducirá en una pérdida en innovación, inspiración y credibilidad. El daño para decisiones de este tipo tardará varias décadas en revertirse. El gobierno está en estos momentos pisoteando las esperanzas que los investigadores tienen puestas en el futuro. Los procesos legislativos podrían mejorar esta situación, sin embargo el gobierno ha eliminado de cuajo dos comisiones de política científica, la del Congreso y la del Senado. La legislación debe moverse para permitir que las universidades y los centros de investigación puedan tener financiación privada y crear una agencia de investigación nacional con financiación sostenida en el tiempo. Se requiere algo así con urgencia, donde los cambios drásticos e impredecibles desaparezcan en beneficio de una planificación sostenida en el tiempo y mantenida durante muchos años. Se debe coordinar el actual sistema anárquico, con 18 modelos diferentes (la de 17 comunidades autónomas más un gobierno central), para obtener uno capaz de solucionar los problemas nacionales. España debe llevar su actual inversión (1.39% del producto interior bruto) hasta la media europea (2%) y acercarlo al objetivo del 3% que aconseja las estrategias del Consejo de Lisboa del año 2010. Se requiere un consejo científico similar al Wissenschaftsrat alemán, constituido por científicos que han sido elegidos por científicos, capaces de diseñar las líneas estratégicas de futuro de la ciencia nacional.
La situación de España recuerda el eslogan de la última película de la saga Misión Imposible: “sin plan, sin vuelta atrás, sin alternativa”. España no debe permitirse el lujo de seguir esas directrices. Sin una estrategia, no hay planes, y sin una agencia independiente de la política bien financiada, no hay vuelta atrás. Mientras tanto el sistema actual sigue haciendo de la investigación en España una misión imposible.
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